Resumen: Se cuestiona en el proceso una resolución que impone a un funcionario de policía una sanción de suspensión de funciones por dos meses al considerarle responsable de una falta grave, (haber sido condenado en virtud de Sentencia firme por un delito doloso). Caducidad del Procedimiento. La caducidad es diferente de la prescripción y se proyecta sobre el "derecho al procedimiento, constituyendo una forma de terminación de los mismos, y al igual que la prescripción, defiende a los administrados contra la inseguridad jurídica que se derivaría de una situación indefinidamente abierta. Es cuestión pacífica el que el instituto de la caducidad es aplicable a los procedimientos disciplinarios de los funcionarios públicos, pues así lo exigen razones de seguridad jurídica y la garantía frente a dilaciones indebidas. Normativa aplicable. La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario y su notificación al interesado deberá producirse en un plazo que no podrá exceder de seis meses desde la fecha del acuerdo de incoación del expediente. Cómputo de plazos. Se superó el plazo de seis meses legalmente previsto. Caducidad existente. Estimación del recurso contencioso-administrativo.
Resumen: La Sala entiende injustificada la incomparecencia a reconocimiento de la mutua pues la beneficiaria no solo estaba correctamente citada para la cita médica con advertencia de las consecuencias extintivas de la incomparecencia, sino que también consta su incomparecencia sin acreditación de haberla preavisado y no se procede a intentar la justificación hasta que la mutua acuerda suspender cautelarmente el subsidio y abrir un plazo de audiencia para alegaciones. Es ese día en que ese acuerdo fue notificado, seis días después de la incomparecencia a la cita, cuando la beneficiaria acude a un servicio médico y el facultativo que la atiende comprueba la ausencia de sintomatología, si bien recoge la sintomatología que la beneficiaria le refiere tenía el día de la incomparecencia, compatible con el COVID-19. La recurrente hace mención a que su esposo fue sometido a un protocolo de aislamiento en domicilio por contacto estrecho con personas positivas al COVID-19. Pero ni ese hecho consta y en todo caso esa circunstancia no acreditaría que la beneficiaria tuviera sintomatología el día de la incomparecencia, o que fuera aconsejable que ella también estuviera aislada. La situación pandémica aconseja flexibilizar las cargas de comparecencia pero la actora pudo preconstituir una acreditación de la existencia de sintomatología compatible con el COVID-19, o cuando menos de la recomendación de aislamiento domiciliario.
Resumen: DELITO: Delito de apropiación indebida del artículo 252 del Código Penal (redacción anterior a la LO 1/2015). Delito de falsedad en documento privado del artículo 395 del Código Penal en concurso de normas con un delito de estafa procesal en grado de tentativa de los artículos 16, 62 y 250.1.7º del Código Penal.MOTIVOS: Presunción de inocencia. Principo ,in dubio pro reo,.Error en la valoración de la prueba documental.Infracción de ley. Apropiación indebida. Estafa procesal.Dilaciones indebidas.Responsabilidad civil.
Resumen: Se cumple el principio de doble incriminación respecto de los hechos calificables como delito contra la salud pública, pero no respecto de los calificables como blanqueo de capitales. Sólo se detectan dos personas involucradas en los hechos, por lo que no concurren los requisitos de delito de organización criminal. Se ofrecen garantías suficientes de que en caso de imponerse la pena de cadena perpetua, ello no supondrá de manera indefectible un encarcelamiento de por vida. No se aprecia riesgo de vulneración de derechos fundamentales.
